Ayer el pueblo de Catalunya y sus instituciones democráticas vivieron una nueva embestida del Estado y del Régimen. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidió atender al procesamiento de 25 personas, decretar prisión provisional para cinco diputados, incluido el candidato a president Jordi Turull, y recuperar las euroórdenes de detención tanto contra quién ya se encontraba en el exilio como contra Marta Rovira, que ayer tuvo que recurrir al mismo para evitar la amenaza judicial. Estamos asistiendo a un momento de auge represivo por parte de un Gobierno incapaz de articular soluciones democráticas frente a la situación de excepcionalidad que vive Catalunya; situación que nace producto de la desatención hacia esa mayoría social que ya ha puesto en evidencia su voluntad soberanista y la necesidad urgente de abordar un profundo debate en torno al modelo territorial estatal. El Gobierno de Mariano Rajo prefiere recurrir sistemáticamente a la justicia, al uso de la fuerz...